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updated 8:49 PM UTC, Jun 1, 2017
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Martes, 27 Junio 2017 00:00

Los promotores culpan a Medio Ambiente del bloqueo de 500 inversiones.

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Unos 500 proyectos urbanísticos están bloqueados por culpa de los retrasos que se producen en Medio Ambiente y en los consistorios de la Región, según dijo ayer el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios (Apirm), José Hernández. En el balance previo a la asamblea general de la organización empresarial, que se celebra hoy, Hernández criticó «la dejadez» de la Administración regional y de los municipios costeros, a los que reprocha que «lleven 30 años sin revisar su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)», lo que impide «desarrollar inversiones turísticas, urbanísticas y del sector servicios, que generarían riqueza y empleo».

José Hernández atribuye el retraso en la tramitación burocrática al temor de los técnicos a verse «imputados» en los casos de corrupción urbanística que están llegando a los tribunales, una queja que los empresarios del sector inmobiliario vienen planteando desde hace años, dado que los plazos de tramitación burocrática no llegaron a acortarse con la crisis, a pesar de que el volumen de trabajo se redujo de forma drástica tanto en los ayuntamientos como en la Comunidad Autónoma. Las empresas reclaman «unas reglas del juego claras y con garantías», que permitan actuar «con rigor y no por meras suposiciones».

Para evitar las reservas que plantean los funcionarios a la hora de poner su firma a los nuevos proyectos urbanísticos, el presidente de Apirm propone que los procesos judiciales originados por la gestión urbanística salgan de la jurisdicción «penal y se tramiten por la vía de lo contencioso». José Hernández se lamentó de que el bloqueo que se está produciendo en la tramitación burocrática «paraliza el desarrollo urbanístico, frenando tanto el sector de la vivienda como el turístico y de segunda residencia, además de la creación de empleo».

Como ejemplo, citó una promoción de 140 viviendas en Playa Honda, una población del Mar Menor cercana a La Manga, en la que se pretende construir en «un suelo urbano y ya urbanizado, que incluso tiene farolas. Sin embargo, el técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cartagena lo ha mandado a Medio Ambiente de la Comunidad» para que emita un nuevo informe, que considera innecesario.

También aludió a un proyecto de construcción de chalés en La Manga Club «con un precio cercano al millón de euros, cuya venta no se puede cerrar».

José Hernández demanda a la Comunidad y a los consistorios de la Región que establezcan unas pautas claras para que los funcionarios sepan a qué criterios atenerse y no tengan que realizar consultas previas antes de dar cada paso.

También es partidario de que se implante en la construcción la ´declaración responsable´ que contempla la Ley de Simplificación Administrativa para la apertura de negocios e instalaciones industriales, una norma que ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional, aunque por ahora no está suspendida.

Considera que cuando una empresa tiene una parcela en suelo urbanizable y están reguladas las posibilidades de edificación, carece de sentido «esperar seis meses una autorización». Se quejó igualmente de que las trabas burocráticas están limitando las posibilidades de «desarrollo urbanístico y turístico» en un momento en el que deberían apostar por «la recuperación sostenible» que, a su juicio, debe conseguir el sector inmobiliario.

José Hernández también criticó «la total dejadez y pasividad de los Ayuntamientos costeros, a los que acusa «de llevar 30 años sin revisar el PGOU», algo que «no acompaña» al sector, sino que supone «una total pasividad hacia su reactivación». Se queja de que la falta de diligencia de los consistorios se traduce en «una paralización», no solo en el ámbito de la vivienda y las segundas residencias, sino también en la creación de nuevas plazas hoteleras y del sector turístico.

En su opinión, en estos municipios y, especialmente, en los que se encuentran en el litoral del Mar Menor, «hace falta un planeamiento supramunicipal» en el que se implique la Administración regional para que se pueda dar «un desarrollo coherente» a lo largo de toda la costa. La comunidad Autónoma debería penalizar a los ayuntamientos que no están siendo capaces de desarrollar sus planes urbanísticos con el fin de dar mayor seguridad jurídica a los promotores y a los propietarios».

Hernández ha señalado que "hay que corregir errores del pasado" y dar más agilidad también a las tramitaciones medioambientales, ya que, según ha lamentado, numerosas promociones con todas las licencias aprobadas están pendientes de esos expedientes medioambientales.

Propuesta Creen que deberían "delegarse" las competencias

Los promotores inmobiliarios proponen que «se deleguen las competencias de Medio Ambiente entre varias consejerías» para agilizar el trabajo de este departamento, que en este momento está adscrito a la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente El presidente de Apirm, José Hernández, asegura que existe «una imperiosa carencia de personal», dado que «tres o cuatro técnicos» deben atender el medio millar de expedientes acumulados, lo que produce «el colapso».

FUENTE:  http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2017/06/27/promotores-culpan-medio-ambiente-bloqueo/840806.html 

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