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El GOB solicita que las fincas rústicas se declaren zonas de caza prohibida
Subraya que Es Raiguer es una área clave para la colonización de esta especie protegida.
Para el GOB la situación es absurda. «Uno puede echar de su finca a alguien que busca caracoles pero no a un cazador si no está declarada como refugio de fauna», señalaba ayer el portavoz de la entidad ecologista, Toni Muñoz. Una realidad que les lleva a animar a los propietarios de las fincas rústicas a adherirse a esta figuar de zonas de caza prohibida con el objetivo de preservar las especies de esta actividad en las Islas. Una campaña que tiene su objetivo centrado en Es Raiguer donde han detectado ya la expansión de la milana.
«Si se cumpliera la normativa estos refugios no serían necesarios, pero lo cierto es que en la actualidad es la única figura que garantiza la preservación de la fauna», asegura Muñoz. Pese a no estar consideradas como especies susceptibles a la caza, la entidad ecologista denuncia que cada año llegan al Consorcio de Recuperación de Fauna de Baleares (Cofib) multitud de ejemplares de búhos y esparveros tiroteados como consecuencia de la actividad cinegética.
Desde el GOB iniciaron ayer una campaña para animar a los propietarios de fincas privadas a iniciar su declaración como refugios de fauna, de los que ya existe medio centenar en Baleares. Sólo en el último año, la asociación ha colaborado en la creación de otros tres en Son Canals (Petra), Son Quelles (Felanitx) y Bosc de sa Serra (Campanet), además de la ampliación del de Sa Bisbal (Selva). Otras dos áreas han iniciado ya su tramitación.
Las Islas cuentan con medio centenar de refugios, un 30% en fincas privadas
Esta iniciativa coincide con el inicio de la media veda, que arrancó el pasado 15 de agosto permitiendo la captura de liebres, palomas torcaces, tórtolas, bravías y codornices en la Isla. Un listado de animales que, según el GOB, debería revisarse de forma urgente ya que la codorniz se considera ya una especie vulnerable en el Libro Rojo de la conservación de especies. Los ecologistas subrayan también que el número de cazadores en Baleares triplica la media nacional: unos 20.000 en todo el archipiélago y 16.000 sólo en Mallorca.
Pese a que los mayores refugios de fauna se corresponden con fincas públicas -Mortitx, Aubarca o La Albufera, entre ellas-, un 30% de los existentes se localiza en fincas privadas. La mayoría de ellas en la zona de Es Raiguer. «El área en que siempre ha existido más conflictividad entre los cazadores y los propietarios», asegura Muñoz. Pero también una de las de mayor importancia por la creciente colonización de la milana.
El GOB denuncia que los 20.000 cazadores baleares triplican la media nacional
«En la actualidad la especie vive y cría entre Inca y Santa Maria, pero hemos detectado ya su expansión más al norte, hacia Campanet o Selva. De ahí que sea fundamental la creación de refugios de fauna que impidan que este proceso se detenga», subraya el portavoz del GOB sobre esta especie protegida.
La Trapa, propiedad de la entidad, fue la primera en transformarse en refugio en los años 80 después de una normativa que una década antes incluyó en los vedados municipales las fincas sin vallar, cuyos propietarios no se habían opuesto a la caza en sus terrenos. «Muchos no saben que están incluidos en estos cotos, pero lo cierto es que no dieron su consentimiento», destaca Muñoz. En la actualidad no existe un tope de refugios en Mallorca y el único requisito es que tengan una extensión mínima de 10 hectáreas, para lo que pueden unirse varias fincas colindantes.
Una tasa que no llega a las arcas
En junio de 2012 el Consell de Mallorca aprobaba el establecimiento de una tasa para la declaración de una finca como refugio de fauna. Sin embargo, dos años después de esta decisión, el GOB reconoce que aún no se ha empezado a cobrar. «Es un impuesto inútil porque la finalidad de estos refugios no es el aprovechamiento, sino la protección y la conservación de la fauna», subrayaba ayer Muñoz. En un primer momento, la institución insular planteó cobrar 17 euros por hectárea y año a los propietarios de estas áreas exentas de caza. En el caso de una finca de 20 hectáreas, esto suponía un desembolso de unos 340 euros cada año. Una cifra que fue duramente criticada tanto por los propios dueños como por el grupo ecologista, que subrayó que suponía un coste cuatro veces superior al que pagaban los cazadores para ejercer su actividad. Pese a que en un principio aseguraron que no habría exenciones ni bonificaciones, finalmente el Consell estableció una reducción para los refugios que justificaran su «función social», que dejaba la tasa en 4 euros por hectárea y año. Precio al que había que sumar los 40 euros por la tramitación de esta declaración. En su momento, el GOB criticó la medida por considerar que gravaba una función pública y socioambiental. Dos años después, asegura que esta amenaza no ha supuesto el descenso en el número de propietarios que optan por convertir sus terrenos en refugio de fauna. La medida contemplaba el pago retroactivo desde el momento de la declaración como refugio para aquellas zonas ya consideradas como tal.
FUENTE:
http://www.elmundo.es/