Toma de desplazados en Bogotá destapó peligroso depósito de llantas

María corre. En la mano carga una roca, pasa junto a sus vecinos del barrio Santa Fe y grita: “¡Mis hijos, mis hijos!”, justo antes de que tres policías del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) le cierren el paso y la desarmen. Patalea y lucha por cruzar la barrera policial.
Ella es uno de los 300 desplazados por la violencia que desde la noche del domingo hasta las 11:10 a. m. de este lunes hicieron parte del grupo que se tomó dos edificios de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), en la calle 24 con 18. Exigían el cumplimiento a las promesas del Gobierno Nacional para las víctimas del conflicto armado. Su principal reclamo era por una vivienda gratis.
Ella grita porque sus hijos son desalojados, junto con unos ancianos, y serán llevados transitoriamente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: “¡Hp, déjenme pasar, que son mis hijos!”, arremete la mamá, colérica. En vano.
La noche entera, ella y sus tres hijos pernoctaron (todos, menores de edad) junto a las 15.000 llantas que la Uaesp tiene guardadas en ambas edificaciones, una de dos pisos y la otra de cinco. Hace un par de horas salió a integrar el comité que, suponían, iba a negociar soluciones con los gobiernos Distrital y Nacional. Pero hace 20 minutos el coronel Aurelio Ordóñez, subcomandante de la Policía Metropolitana, les disparó un ultimátum:
“Desalojan en 15 minutos o procedemos a desalojarlos”.
María y sus compañeros no creyeron que el oficial cumpliría su palabra. De hecho, lo increparon: “¡Entre si es tan bravo!”. No faltó quien dijera que si los policías se atrevían a ingresar, les prendían fuego a las llantas que reposan afuera, para cortarles el camino. Se equivocaron.
Ahora, al ver que un contingente de agentes y miembros del ICBF ingresa al primer edificio y se lleva a los suyos, se manda, desde la calle opuesta, con la furia que le queda. Se arma una algarabía. Otras vecinas madrean y patean a los casi inmunes hombres del Esmad. Una explosión de gas lacrimógeno, que estalla contra una ventana y crea una llovizna de vidrios, dispersa la trifulca en ciernes.
En segundos, todos en la calle sufren enrojecimientos de ojos, tos, náuseas y flujo nasal. Arden la garganta y la nariz. María termina detenida. Se imponen los uniformados. Mientras tanto, a través del primer edificio los agentes acceden al segundo. En menos de 10 minutos salen los ocupantes de los cinco pisos, tranquilos, con sus morrales y petates.
Marcelino Valencia, representante legal de la Fundación por la Vida y la Paz, que agrupa a 2.600 víctimas del conflicto armado, explicó por qué se habían tomado los edificios: “Hemos negociado con Distrito y Ministerio de Vivienda, y nunca nos han dado cumplimiento, aunque tenemos actas. Esa es la razón de entrar a este techo. No nos vamos hasta que nos den escrituras de viviendas y proyectos productivos”.
Esta fue la sexta vez que esta organización y sus miembros se tomaron instalaciones públicas o viviendas, desde el 2010. Las anteriores fueron en Puente Aranda, 20 de Julio y Santa Rita, entre otras.
Depósito abandonado
Antes del mediodía, cientos de llantas viejas poblaban la vereda de las dos edificaciones tomadas. Adentro, apenas si cabía una más antes de ser invadidas.
“Nunca en mi vida había visto tantas llantas juntas. No dormimos. Creo que están todas las llantas usadas de Bogotá”, relató Luz Elenis Mosquera, desplazada de Bojayá (Chocó) y desalojada en Santa Fe, limpiándose los ojos y tratando de hilar palabras.
Ambos inmuebles serán usados como parte de un plan especial de manejo que se tiene previsto entre el Distrito y el Ministerio de Cultura para ampliar los servicios del Cementerio Central: allí se instalarán salas de velación y locales de marmoleros. Estos y otros predios se vienen negociando desde hace 10 años, y aún faltan algunos por ser adquiridos.
“Las llantas llevan unos seis años guardadas ahí, desde una emergencia ambiental que se tuvo, dado que estaban sin ningún uso, y se instalaron ahí provisionalmente”, comunicó el subdirector de la Uaesp, Manuel Salamanca.
Ante a la pregunta de si la disposición de estos elementos en una zona residencial no era un riesgo para la población del vecindario, Salamanca agregó: “Como era un tema provisional (6 años), no tenía ningún tipo de implicaciones la disposición de estos elementos. Lejos estábamos de imaginarnos que se presentaría esta situación”.
En contraste, sobre la peligrosidad de las llantas en la zona, la directora de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, Andrea Cortés, señaló: “Sí existen requerimientos en los que la Secretaría Distrital de Ambiente le solicita a la Uaesp unos planes de contingencia y manejo para establecer las velocidades y momentos en que se van a hacer las extracciones de las llantas de estos predios”. Sin embargo, hasta ayer no se había encontrado ninguna respuesta de la Uaesp.
Cabe recordar que en noviembre del 2014 se presentó un grave incendio en Fontibón, en un sitio privado que almacenaba estos mismos elementos. En ese entonces, Susana Muhamad, titular de Ambiente, advirtió de las restricciones existentes con respecto a tales depósitos. 
 
FUENTE: http://www.eltiempo.com/